Una modificación que no es de fondo

 

 

carlos
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En el camino de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores lo principal no es la forma sino el fondo de la cuestión, y en ese sentido si bien resulta considerable aunque a destiempo, que se promuevan modificaciones a la Ley de Abastecimiento, creación del Fuero Judicial de Defensa de Usuarios y Consumidores y la creación del Observatorio de Precios, todos con miras a dar mayor amparo a los Usuarios y Consumidores, estas reglamentaciones son de forma y no de fondo.

Así, reconocemos que – el hecho de buscar alcanzar a todas las actividades económicas del país, no solo la producción de bienes industriales, sino también comerciales y de servicios, hasta ramas como deporte, resulta de importancia. Como así también en materia de bienes, generar un marco de regulación en el proceso de formación de precios.
– Facultar a los Gobiernos Provinciales y al de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer máximos en sus jurisdicciones. La incorporación de nuevos marcos de sanciones dinerarias, pero, a saber, se elimina la capacidad de encarcelar a los especuladores.
– Aplicar sanciones como multas, clausuras, inhabilitación y decomiso y que dichas penas sean aplicables tanto a las personas jurídicas como a las físicas tales como directores de sociedades anónimas, es también de importancia.
– La creación de los tribunales nacionales de Defensa de Usuarios y Consumidores, para dirimir conflictos entre empresas y consumidores, es una cuota muy pendiente desde la sanción de la Ley de Usuarios y Consumidores en el año 1993.
– Otorgamiento de mayor poder a la Secretaria de Comercio, con la creación del Observatorio de Precios, para establecer en cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. Disponer de la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales. Incautar, consignar o incluso vender bienes o servicios escasos o en infracción sin juicio previo. Poder de requerir a las empresas toda documentación contable comercial, con lo cual se amplía el rol de contralor.
Ahora bien, lo que planteamos como modificación de fondo, va en el sentido de la arquitectura de Producción Nacional. Desde la era menemista, con aquello de la patria contratista, donde relegaba en el Estado un papel de contralor, hasta esta parte, solo se han previsto sanciones a las grandes corporaciones de servicios, de medios, de producción y fabricación, mas estas sanciones resultan un mínimo vuelto, si tomamos en cuenta los mas de 24 años de especulación y acumulación de capitales indebidos.
Por ello es que consideramos a estas modificaciones a la Ley de Abastecimiento, la creación del Fuero Judicial y la creación del Observatorio de Precios, como un eslabón más en la cadena de control del Estado, a saber, un control al que llega por no disponer de los manejos de la producción, por un lado, y por otro una limitación en el proceso de necesaria autonomía económica. Así rol de contralor por rol de soberano.
Por citar un ejemplo a modo de comprensión, establecer una sanción a una empresa de comercio exterior de productos, si bien implica que el Estado asuma un rol de mayor control, lo que evidencia por otro lado es que su lugar de policía lo distancia de su real lugar de soberanía, al no haber nacionalizado el comercio exterior, lo mismo ocurre con la Banca y con el Agro. Siendo así, sancionar a un pool de siembra por acopio es no discutir por ejemplo la creación de juntas nacionales de granos, o institutos nacionales de promoción del intercambio (este aun con sus limitaciones).
El problema de fondo es que, si bien se han modificado leyes desde la época menemista a la actualidad en materia social, y algunas económicas, la estructura productiva nacional no ha sido modificada en lo más sustancial, así nos encontramos hoy con parches de forma, tales como estas medidas que toma nuestro gobierno en turno, evidenciando que se actúa mas por necesidad que por convicción.
Capítulo aparte merece el hecho de que se ha permitido durante años disponer en la Micro al “Mercado”, un mercado que tiende a concentrar sus capitales, actuando como verdaderos Monopolios, es decir cuando se busca por sobre todo maximizar las ganancias sin prevenir el carácter social de la Economía, y más aún cuando desde el mismo Estado se manipula o especula con datos y estadísticas oficiales, lo cual dificulta la defensa de los derechos de los Usuarios y Consumidores.
Aplicar sanciones económicas al mal servicio de los ferrocarriles es una cuestión de forma en el rol de contralor del Estado, lo que aquí planteamos es la necesidad de que el Estado asuma su rol autónomo Estatizando los Ferrocarriles, Nacionalizando la Industrial del mismo, siendo así controlado por los Ciudadanos Usuarios, los Trabajadores y el propio Estado.
Debemos comprender que los principales Usuarios y consumidores somos los sujetos de derechos, somos los trabajadores.
Vamos hacia un proceso soberano, en el cual el Estado asuma ese rol en conjunto con los Ciudadanos Usuarios y Consumidores y los Trabajadores como garantía de contralor, en ese proceso es menester poner en discusión el Modelo Productivo.

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